Continuando con la pregunta del post, hay que resaltar que el informe del Sr. Lorent, rápidamente expandido por Europa, vino a tambalear los cimientos preventivos en el sector de la construcción. En el estado español surgieron movimientos, como el desarrollo de una serie de Ponencias en el Senado –Cámara de las Cortes Generales del Estado español-, a cerca de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción. Durante esas ponencias, uno de los participantes manifestó, abiertamente, que existía una destacada falta de formación profesional en PRL y reveló que el 35% de los siniestros tenía su origen en la fase de proyecto; resultado más que probable que tanto los argumentos como las cifras, que en esas intervenciones se detallaron, sean tan actuales como por entonces.

Ahondando en lo que representa y define el proyecto de obras da la impresión que, en España, el proyecto tiende a depositar su peso, en materia de PRL, en el ESS/EBSS, y que este tipo de documento es el único nexo de unión en esta materia para la ejecución de la obra y, por lo tanto, objetivo de las posibles responsabilidades derivadas de las deficiencias en seguridad y salud. Algunos expertos en la materia, conscientes de que este pensamiento tan irracional estuviera, en la actualidad, extendido a todo el territorio español, investigaron en el asunto y comprobaron que la “falta de integración de la prevención de riesgos en los proyectos radica en la falta de relación entre el marco de disposiciones legales de los proyectistas respecto al marco de competencias académicas en materia preventiva”; reconociéndose, de una u otra forma, que hay deficiencias en la aplicación de los principios preventivos en fase de diseño de los proyectos, y también se reconocería que más de la mitad de los arquitectos e ingenieros proyectistas no disponían de formación en PRL, y más del 90% de los promotores no exigían requisitos relacionados con PRL (formación en PRL, antecedentes de la siniestralidad de los proyectos, sistema de gestión OHSAS 18001…) a los proyectistas.

En definitiva, podemos decir que la implementación de la prevención en los proyectos de obras, en aplicación de la Ley 31/1995, presenta problemas muy difíciles de erradicar, en tanto en cuento las Universidades no muestren sólidos intereses en la formación de los ingenieros y arquitectos, y la PRL sea una materia valorada e implantada en el resto de asignaturas obligatorias vinculadas a los proyectos (ejemplos: cálculo de estructuras, maquinaria, infraestructuras, proyectos…). Pero, además, resulta esencial que la Administración hiciera especial hincapié, en sus Pliegos de Condiciones, sobre la obligación preventiva para que los proyectistas acreditasen –mediante una formación universitaria de base pero, además, a través de una formación complementaria como el Máster de PRL– una formación suficiente y reglada en PRL ya que, al fin y al cabo, los proyectistas son los grandes valedores de las condiciones y configuraciones de los proyectos de obras y, por ende, los máximos responsables de que se apliquen correctamente las Normas preventivas durante en la fase de elaboración del proyecto.